AREA DE IDENTIFICACIÓN Nivel de descripción:: Fondo Código de referencia:: PETICIONES-SOLICIT:SR.75 Título:: Peticiones y Solicitudes FECHAS EXTREMAS: Inicial (FE): 1812 Final (FE): 1831 Volumen:: 18 legajos (17.312 folios). El legajo 10 consta de 2 volúmenes AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA Alcance y Contenido:: En este fondo se encuentran las peticiones y solicitudes enviadas a las instancias del Poder Ejecutivo por funcionarios, militares, religiosos, ciudadanos, mujeres y esclavos desde los diferentes departamentos que conformaron la República de Colombia en el periodo comprendido entre 1821 y 1831. La finalidad de estas solicitudes era obtener una disposición o resolución para solucionar los asuntos relacionados con empleos, sueldos, empréstitos, rentas, bienes y todo aquello que fuera de índole económica y necesitaran la intervención del Estado. En las peticiones de estos años se evidencia las dificultades políticas, económicas y sociales, unidas al temor de una reconquista española y a las precarias condiciones económicas de un Estado, el cual no había logrado la totalidad de su independencia y necesitaba de suficientes ingresos para financiar las campañas militares, pagar a los funcionarios, sostener sus tropas, velar por el orden y el funcionamiento de una nación con mucho arraigo en las leyes del antiguo orden español, frágiles condiciones económicas e incipientes rentas para cubrir con estos gastos. Además, debido a estas condiciones, no solo se vio obligada a embargar bienes de los inmigrantes y decretar empréstitos y contribuciones forzosas a nivel interno, sino que rápidamente contrajo deudas en el exterior, las cuales fueron más allá de este periodo y gobierno. Estos empréstitos eran préstamos aportados por los vecinos de una municipalidad o por un individuo voluntariamente, decretados por el gobierno o contribuciones ya fueran en víveres, ganado o en dinero; a cambio, las tesorerías de los departamentos emitían certificados o cartas de crédito y otras certificaciones en donde se constataba la entrega del dinero al Erario. La mayoría de ciudadanos demandaba su pago o reembolso en abono a los derechos de aduana o de otros tributos como el de alcabalas y diezmos y, otras veces se permutaba por deudas adquiridas con el Estado, debido a que difícilmente se cancelaban en dinero en efectivo . En cuanto a los préstamos extranjeros está la deuda externa contraída en los primeros años de independencia por Francisco Antonio Zea, las vicisitudes con la casa Goldsmith y lo que se derivó como consecuencia de la quiebra de ésta, incluyendo los tenedores de bonos en Londres. Otros asuntos de carácter extranjero es el costo de la expedición realizada por el General Gregor Mac-Gregor, la compra de una fragata de Guerra en Liverpool y los negocios comerciales contraídos por los agentes representantes de Colombia con las Casas Baring Brother, Sureau y Compañía. Pese a este escenario de dificultades y escasez del erario, la sociedad creía en la nueva República y en sus bondades, por lo que se hace referencia al patriotismo, adhesión, defensa a la patria y resistencia al gobierno español, al momento de solicitar un empleo, pedir algún auxilio económico o ser exonerado de algún tributo. La mayoría de los solicitantes desconocían el procedimiento a seguir para remitir sus comunicaciones y es evidente la tendencia de identificar a una figura en especial. Por ejemplo, en 1820 y 1821, las comunicaciones provinieron en su gran mayoría de los departamentos de Cundinamarca y Venezuela, en donde los Vicepresidentes Francisco de Paula Santander y Carlos Soublette se encargaban de gestionarlas. En el departamento de Venezuela se evidencian los conflictos sociales entre pardos y morenos, y esclavos con sus amos, porque el reclutamiento al ejército hacía que se disminuyera la mano de obra en las haciendas y que vieran en lo militar la forma de enfrentarse a sus amos por servir a la patria. Para el caso de Cundinamarca, las solicitudes también fueron enviadas y recibidas en la Secretaría de Guerra y Hacienda. Francisco de Paula Santander primero como vicepresidente de este departamento y después de la República, representó el poder y era a quien se veía como cabeza visible de la administración. La figura del Libertador Presidente Simón Bolívar se asociaba a la de un benefactor, quien se encontraba por encima de la administración: A él se acudía con el ánimo de que otorgara beneficios o gracias e intercediera por las necesidades de los funcionarios, militares, ciudadanos, viudas y esclavos como un padre ausente con la potestad de dar la última palabra y orden. Después de 1821, con el establecimiento de las Secretarías, personajes como José María del Castillo y Rada (para la cartera de Hacienda) y José Manuel Restrepo (en la Secretaría del Interior), servían en algunas ocasiones como enlace entre la Vicepresidencia y los solicitantes y, la mayoría de las veces, cuando la solicitud era dirigida al Vicepresidente, éste la enviaba al correspondiente despacho, de acuerdo con el asunto requerido. El solicitante quedaba a la espera de una respuesta y en varias oportunidades tenía que enviar más de una comunicación si pretendía la resolución de su caso. De esta tardanza no estaban exentas ni siquiera las autoridades extranjeras, como quedó expuesto en la reclamación interpuesta por el Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos sobre derechos de importación, la cual empezó en 1831 con la República de Colombia y culminó dos años después bajo el Estado de la Nueva Granada. Incluso, cuando se daba la contestación, esto no significaba que iba a ser favorable al interesado; por el contrario, la mayoría de las veces era rechazada por falta de capacidad económica de la Nación. En todos los departamentos y a lo largo de este periodo, los ciudadanos acudieron al Gobierno primordialmente en busca de un empleo, especialmente en el ramo de hacienda en las rentas de alcabalas, aguardientes y tabacos, entre otras. Estas solicitudes podían ir acompañadas de certificaciones de méritos y servicios, así como declaraciones emitidas a petición del interesado confirmando su conducta patriota. En los casos que se lograba un cargo, se hacía el nombramiento y posesión; acto seguido y ya a nivel de funcionario, las solicitudes referían al pago de sueldos, licencias, denuncias por atropellos, informes de administración y, unas pocas pidiendo jubilación. Estos funcionarios junto con los militares se vieron obligados a colaborar con la economía del Estado, ya que se les descontaron la tercera parte de sus sueldos, no se les cancelaba los devengados y, en el caso de los militares, el pago de sus haberes se dilataba por demasiado tiempo. Por este motivo, buena parte de las solicitudes hacen referencia a pago de sueldos y haberes militares. Para resolver estos contratiempos, el Gobierno optó por asignar los bienes embargados a los inmigrantes como método para remunerar y pagar servicios o deudas. Sin embargo, resultaba insuficiente, ya que diputados, representantes y senadores también reclamaban sus dietas y viáticos de traslado, al lado de ciudadanos y viudas, quienes alegando méritos propios o de sus difuntos esposos, suplicaban la asignación de una casa. Por otra parte, en estos legajos aparecen también otros actores sociales importantes como los religiosos recurriendo al pago de estipendios, novenos y otros réditos a los cuales tenían derecho y demandando el desembargo de sus bienes; comerciantes apelando a las leyes para que no los perjudicara el incremento de los tributos, los derechos de aduanas u otras complicaciones que podía tener la mercancía; las mujeres suplicando para que sus hijos fueran retirados del servicio o eximidos de éste, el pago de los sueldos, haberes militares o pensiones de sus hijos, hermanos y esposos, quienes al morir las dejaron en desamparo, o porque como parte de la sociedad ven en el nuevo gobierno la forma de apaciguar sus miserias, reclamar la manutención de su familia, manifestar los casos de divorcio y de abandono de sus esposos o de implorar protección. Este contexto en el cual se encontraba el país empieza a alterarse en 1828 y las comunicaciones son dirigidas a la Secretaría General del Libertador Presidente. Aunque los asuntos no varían drásticamente, en el trasfondo se refleja la situación política de la República, la incertidumbre de que haya un cambio en el gobierno en la ?Gran Convención? y la adhesión al Libertador Presidente para que continúe en el mando supremo, rechazando el atentado en su contra y manifestando los excesos cometidos por las tropas o las autoridades en aras de restablecer el orden. Sin embargo, para l830, la dictadura del General Urdaneta ocasionó una crisis en el ámbito nacional haciendo que se presentara un clima de inestabilidad política, administrativa, social y económica trayendo como consecuencia el que fuera declarado ilegítimo este gobierno y se abolieran sus leyes. Esta situación conlleva a una serie de persecuciones y acusaciones a los funcionarios y militares que participaron en este mandato. Se incrementaron las reclamaciones por despidos injustos, restitución de empleos, arrestos, contribuciones forzosas y acusaciones a las autoridades por abusos y excesos cometidos en el cumplimiento de sus funciones. La inestabilidad política, la parálisis de la administración del Estado e, incluso, la suspensión del pago de salarios a los funcionarios, afectaron el comercio y las relaciones sociales en general; muchos empleados se levantaron en armas en defensa de la patria o en los fueron cobrados tributos numerosos para el ejército incrementándose la pobreza, ruina y miseria en todas las esferas sociales. Peticiones sobre moratorias, exención de contribuciones y auxilios económicos evidencian la difícil situación por la que estaba pasando la República de Colombia y lo cual no estaba ajeno a la sociedad; por el contrario los ciudadanos se involucraron directamente y uno de ellos así lo manifiesta: ?Mirar el mes de agosto de 1830 cuando tuvieron lugar los infaustos acontecimientos y no hay duda que en tales circunstancias era un deber para todo ciudadano que hubiese jurado el sostenimiento del gobierno empuñar las armas para repeler la invasión y conservar la tranquilidad del país. Tales consideraciones, excelentísimo señor, me colocaron en la clase de ciudadano armado en defensa de los derechos del pueblo y la incompatibilidad de esta ocupación con el desempeño de mi empleo me impidieron la asistencia al Tribunal como igual cosa sucedió a todos los empleados que se hallaban alistados en la clase de cívicos?. De esta manera, el fondo ?Peticiones y Solicitudes? aproxima al observador al inicio de un Estado en construcción con toda la problemática social, económica y política de la época; al tiempo que exterioriza las voces de una parte de sus protagonistas y su relación con los organismos administrativos. Además, las relaciones establecidas con el exterior, la transformación de la República de Colombia, su desintegración y conformación como el Estado de la Nueva Granada. Organización:: La ordenación de los legajos de este fondo se hizo teniendo en cuenta la división político administrativa los departamentos desde los cuales fueron enviadas las solicitudes y peticiones, siendo el de mayor documentación Cundinamarca, seguido de Venezuela, Magdalena y Zulia; en menor cantidad, el Istmo de Panamá, Maturín, Orinoco, Apure, Cauca, Guayaquil, Tolima y Ecuador. Además, algunas separaciones están bajo el título de ?fuera de la República? y fueron remitidas desde Kingston, Londres, Curazao, principalmente por cuestiones económicas. Pese a que gran parte de la información está ordenada cronológicamente por años y meses, alguna de ella carece de lugar y fecha de emisión o se hace la aclaración que se da la anotada en la resolución escrita al margen del documento. AREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCION Nota del Archivero:: La descripción de este fondo fue realizada por Diana Patricia González (Antropóloga), Maribel Puentes Poloche (Historiadora) y Juan Daniel Flórez (Historiador), bajo la coordinación de Carlos Alvaro Gamboa Ruíz (Antropólogo). Fecha (s) de la (s) descripción (es):: 2008